Algunas historias de otro campo: Nota publicada por mi en Rumbos

ALGARROBAL VIEJO

Sin monte y sin gobierno

Algarrobal Viejo, Santiago del Estero, al noroeste de esa provincia y al sur de Salta. 600 personas que deberán emigrar ante el inminente desmonte aprobado por la pcia de Salta a una empresa para desarrollo de pastura. las tierras están en el límite que fue ojo del conflicto en 1980 cuando ambas provincias, en la llamada ley Videla, dejaron del lado salteño unas miles de hectáreas santiagueñas. Así, corrieron el mapa. Los habitantes del monte que vivían de él, nunca supieron de ese cambio geográfico y creyeron que esas tierras eran fiscales. Ahora, están entre dos de las provincias que más desmontes autoriza para poder incrementar su desarrollo agrícola ganadero, sin papeles pero con su derecho de uso de tierras veinteañal, amenazados, perdiendo animales en manos de los guardias de la empresa que acaba de alambrar y prohibirles la entrada a 13.624 hectáreas que hasta hace seis meses utilizaban. Ni estas dos provincias ni la Nación, dicen tener jurisdicción sobre su conflicto.

Por Nora Palancio Zapiola


Había una vez una nación con muchas tierras y bosques en los que convivían personas que trabajaban esas tierras, cuidándolas para seguir trabajándolas. Hombres y mujeres a los que nadie había enseñado cómo cultivar los suelos y que, sin embargo, durante cien años y después otros cien, y otra vez cien, supieron hacerlo.
Tiempo más tarde, un pobre concepto progresista o conservador, dependiendo del momento, convirtió a esas personas en rehenes de la contraposición entre los ciegos mandamientos del desarrollo económico y esa simplificación conceptual llamada conservacionismo. Soja versus árboles. Gato montés versus topadoras. Productores y empresarios versus campesinos (indígenas o criollos, lo mismo da). Una guerra sin enemigo real divulgado, que deja en el medio de la mentirosa batalla a más de un millón de argentinos que pueden verse afectados de manera directa, con la casi seguridad de quedarse sin su modo de vida ancestral, sin casa y sin trabajo. Lo que conocen como dignidad.
En esa guerra lenta y cortoplacista, el desmonte se ha llevado, en los últimos 70 años, el 70 por ciento de los boques nativos del país. 280 mil hectáreas por año (para que suene importante: unas catorce veces la Capital Federal). Un árbol por minuto. Y la mitad de ese descalabro ambiental ocurrió entre 1990 y la actualidad.
En ese contexto, los que trabajaron la tierra y la habitaron durante generaciones, rara vez tienen los papeles que acrediten que son poseedores sus poseedores. Y la ley que dice que si vivieron en ella y la utilizaron en forma sustentable (la llamada ley “veinteañal”), la tierra les pertenece. Aunque esa ley se dicta en las ciudades y sólo se vuelve concreta a través de un costoso trámite de oficina catastral. Y, al monte, parece, no llega.

LA FÁBRICA DE CAMPOS
Desde Salta, la camioneta avanza por la ruta 34 hacia el sur, luego al sudoeste, en dirección a Santiago del Estero. Cerca de El Quebrachal, crece soja a los costados del camino, como si alguien la hubiera plantado, pero no. Son los barquinazos de los camioneros, y los granos que vuelan de vehículos obsoletos. Esto es el Chaco Seco, que abarca 60 millones de hectáreas, ocupa el 22 por ciento de la superficie continental del país y es la región forestal más grande, y la más deforestada también.
A bordo de la camioneta, Noemí Cruz, la coordinadora de Greenpeace Noroeste, recibe un llamado de los vecinos de Tartagal: a la tarde, le avisan, cortarán la ruta, criollos y wichis, porque la empresa Ragone amenaza desmontar 300 hectáreas en las que ellos viven. Más adelante, otro llamado, ahora de Kishkaloro: la gente vio topadoras abriendo picadas y está preocupada. ¿No pueden avisar al gobierno provincial?, pregunta la cronista de Rumbos. “No”, responden, “ellos son los que lo autorizaron”. ¿Y a la policía? “Es lo mismo.” Claro. ¿Y al gobierno nacional? “No. Ellos no tienen jurisdicción”. Silencio. Ah. Por eso estamos acá.
En el ranking de desmonte, las provincias de Santiago del Estero, Salta y Formosa ocupan el podio. En Salta, se barrieron, entre los años 2002 y 2006, 414.934 hectáreas de bosques. En Santiago, entre 1998 y 2202, desaparecieron 306.000 hectáreas; nada casualmente, las tierras sumadas para cultivos en ese mismo período fueron 379.000 hectáreas. Entre las zonas más afectadas, está Algarrobal Viejo, adonde llega la camioneta después de tres horas de viaje… a un árbol por minuto.
Son casi 600 habitantes. “Muchos campesinos no tienen DNI, los hacen ir una y más veces y les dicen que vuelvan a los tres meses, y no se los dan”, cuenta Sergio Gouarnalusse, el cura de Nueva Esperanza, que cada quince días va a dar misa a Algarrobal Viejo. Aunque aquí, algunos sacerdotes no sólo dan misa: pelean contra la vinchuca, por el monte y por el trabajo y por un modelo de vida sustentable que no excluya a esa gente que, sin documento, está tan adentro de la provincia que no se ve. Pero existe.
Gouarnalusse llegó la comunidad cuando la parroquia, hacía años ya, no tenía quien la condujera. Es que a veces, allá donde no se ve, hasta cura les falta. Hoy, el padre cuenta decenas de historias de atropellos que ve en Santiago del Estero, como la del nene de 5 años al que mató con un tiro el cuidador de una finca creyendo que él y su tío, de paso, usurpaban la propiedad privada. Y siguen los cuentos.
Ahora, los habitantes de Algarrobal Viejo tienen un problema de vida o muerte. Viven en Santiago del Estero, pero durante años han trabajado unas hectáreas de monte que hoy pertenecen a Salta. No sabían que, en 1980, los gobernadores de facto de ambas provincias (César Ochoa y Roberto Ulloa) redactaron la ley 22.347, conocida como la ley Videla, y modificaron el mapa. A raíz de un litigio, se decretó entonces que unas cuantas miles de hectáreas, entre ellas las hoy conocidas como Finca El Suncho, las que hoy son motivo de disputa, pasaran a ser salteñas. Entre las tantas versiones que se saben pero no se saben, circula una que reza que el litigio no fue tal, y que las tierras pertenecían a dos hermanos desaparecidos cuyas pertenencias fueron apropiadas por el régimen militar.
Los campesinos, a quienes nadie se tomó el trabajo de informar sobre el cambio de jurisdicción, siguieron su vida santiagueña, hasta que en enero de este año, llegaron unos señores con papeles que los acreditaban como flamantes dueños de esas tierras, que aquéllos creían fiscales. Así comenzó la pelea entre Rumbo Norte S.A., empresa rosarina que se dedica a detectar tierras para la producción, comprarlas y venderlas (una “fábrica de campos”, tal cual se autodenomina), que alambró las 13.620 hectáreas que la dictadura dejó del lado salteño y, con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, habiendo presentado un expediente que asegura que allí viven apenas siete familias –Rumbos estuvo en una población de más de medio millar de habitantes-, se apronta a desmontar 10 mil de esas hectáreas.
Como preámbulo del conflicto, la inminente llegada de las topadoras fue precedida por la construcción de un destacamento policial a un kilómetro de los ranchos, que se ha ganado cantidad de denuncias por matanza de animales, robo de ganado, avasallamiento y, claro, guardias que muestras más que sus dientes apenas un campesino se asoma. Entre otras cosas.

“ESTO AHORA ES SALTA”
Es angosto el camino que separa a Algarrobal Viejo del alambrado, territorio salteño. Rubén Sánchez, encargado del destacamento y rodeado de otros colegas policías, desde su patrulla, inquiere: “¿Qué hacen acá? Esto es propiedad privada”. Pero “esto” es un camino. “Es privado.” ¿Y de quién es? “No sé.” ¿Esto es Salta, señor? “Esto ahora es Salta.” ¿Ahora, señor? ¿Desde cuándo? “No, ¡siempre!”, se rectifica Sánchez, nervioso, quien prefiere cerrar la puerta de la camioneta que custodia la zona y casi dejar adentro, de un golpe, el brazo de la cronista de esta revista.
Intentando no prestar demasiada atención a la patrulla que pasa cual autos locos de a ratos y mostrando las armas, José Belizán, de 78 años y decoroso pañuelo al cuello, explica cómo usaban el monte, qué es lo que no pueden hacer más, cómo se enteraron de que ésta ya no era su tierra. “Durante años, nosotros vivimos en este monte, lo mantuvimos, no lo destruimos. ¿Y así nomás nos quieren echar?” Señala una vaca trabada entre los alambres de cinco hilos. El animal hizo el camino de siempre, pero se encontró con un alambrado, cosa a la que no estaba acostumbrado porque ellos, allá, viven sin alambrados. Belizán la señala con esa habilidad para señalar lo que otros no ven. “No entiendo por qué no logramos tener todos nuestros títulos, ese es el problema”, se lamenta.
Días más tarde, en la marcha que la Federación Agraria Argentina (FAA) llevó desde el Norte hasta la Plaza de Mayo (8.000 personas reclamaron por una reforma agraria y títulos para los campesinos), Raymundo Luna, uno de los referentes campesinos en Santiago, dirá: “Aquí falta que los campesinos nos movilicemos. Que los demás hagan por nosotros, no alcanza. Falta educación, saber que podemos exigir los juicios sin pagar, por ejemplo... Pero no bajamos los brazos. Estamos cerca del malón, y no es broma”.
Pero ni el alambrado ni la vaca lastimada ni los títulos de propiedad le quitan esa sonrisa eterna a los ojos acuosos color madera de don Belizán, en Algarrobal: “Yo nací aquí, soy criado aquí y sé que aquí me voy a morir también”.

JUANA DEL MONTE
Rodeada de algarrobos, quimiles, chaguares y tunas, cabras, chanchos, vacas, gallinas y perros, la escuela Nro. 767 tiene 74 alumnos matriculados, que cursan desde el primer grado hasta el noveno. Hay una maestra, dos profesores y dos grifos de los que toda la comunidad de criollos se abastece de agua. No hay luz. Sí un enorme brasero en el que Juana Rosario Arias de Luna, una mujer de sonrisa insistente y que, si se enoja, mejor no estar cerca, prepara el mate cocido en una olla grande y vieja y sirve el pan recién salido del horno (de barro, claro).
Los chicos comen en la escuela, y Juana es la cocinera. ¿Quién le paga? “Entre los padres, un poco, y los que pueden y cuando pueden; si uno un mes está más complicado no importa”. Juana ya es famosa en la comunidad: apareció en la tapa de los diarios cuando el 6 de febrero pasado fue una de las “Madres del Monte” que viajaron a pedirle al Presidente de la Nación que intercediera ante la tala de bosques que afecta directamente su forma de vida. “También explicamos, cuando nos recibieron, cómo la falta de árboles viejos impacta en las inclemencias del ambiente. Tiene que haber un ordenamiento territorial para el desmonte, porque esto va a terminar siendo un desierto y nosotros vamos a vivir en villas, ¿me entiende”, dice Juana.
El que debería entender es el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien las recibió y se comprometió a impulsar la Ley de Bosques (que propone una moratoria para los desmontes y un ordenamiento territorial), como así también a crear una mesa de negociación para solucionar el caso de Algarrobal Viejo. Al cierre de esta edición, la mesa no se había servido. Mientras tanto, es noche ya, la familia de Pío Amado Domínguez, el carnicero de Algarrobal, busca calor pegadito a su brasero. Junto al fuego hay un cabro, estático, con la cabeza gacha. ¿Qué le pasa? “A este hoy me lo mordieron los perros de la policía…”, se ahoga el hombre de ojos tremendamente claros, “ya no puedo más, en dos semanas me mataron cinco, me están quebrando, y hago la denuncia y no me la toman… Éste, pobre, no llega a mañana, lo tenemos que tirar por ahí porque queda duro y no se lo puede comer”. Y la ronda de mate que viene y va, de fuego rojo en el monte de frío y noche de Santiago, parece el velorio del animalito, al que nadie se le ocurriría echar de ahí porque ocupa espacio y calor.

AHÍ VEREMOS
Gustavo López Asencio, secretario de Medio Ambiente de la provincia de Salta, aduce que los campesinos degradan el bosque porque no están educados, que “no es su culpa, nosotros estamos del lado de la gente; es la pobreza la que produce desertificación”. No piensa igual la doctora en Ciencias Biológicas Marta de Viana, profesora de Ecología de la Universidad de Salta: “Un bosque degradado puede ser recuperado; en cambio, un desmonte con cultivo que agota el suelo es un camino a la desertificación”.
Mientras se corre la frontera agrícola ganadera, “no hay una real discusión entre desarrollo y conservación”, indica Flavio Moschione, del Capítulo Noroeste Argentino de la Sociedad de Biología para la Conservación. “Hay 30 millones de tierras cultivadas, la mitad de ellas con soja, y subsiste la pobreza. Se viene una agricultura sin agricultores y poblaciones urbanas con pobladores que no son urbanos”. La soja, a la que se viste como enemiga y no así a su contexto, forma de desarrollo y tecnología, vino a sumarse al tradicional panorama de minifundios, campesinos y aborígenes sin tierra o con tierra de baja calidad. Sergio Gouarnalusse, el cura de la parroquia de Nueva Esperanza que da misa en Algarrobal Viejo, acusa: “Hay aquí un gran negocio inmobiliario que es pan para hoy y hambre para mañana. La soja y el maíz son dinero para el Estado, pero no existe una política social, y mientras tanto, se provoca un desastre ambiental y se excluye a la gente”.
Noemí Cruz, coordinadora de Greenpeace NOA, la ong que apoya a los campesinos de Algarrrobal, considera que lo más conveniente, en esta coyuntura, “es aprobar la ley detenida hace meses en el Senado de la Nación, la que propone una moratoria para los desmontes y un ordenamiento territorial”. La mayoría de las provincias del Chaco Seco no cuentan con un ordenamiento territorial. Los jueces deciden si un poblador es poseedor o no.
¿Qué va a pasar con los habitantes de Algarrobal Viejo? El Jefe de Gabinete santiagueño, Elías Suárez, no respondió a los siete mensajes que le dejó Rumbos; tampoco respondió –aunque dijo que lo haría-, la Directora de Recursos Forestales y Medio Ambiente de la provincia, Viviana Lavaisse. En Salta, dicen que no pueden “hacer nada, que lo resuelva Santiago, es un problema de ellos”.
La angustia y urgencia de la gente de Algarrobal Viejo recorre cientos de direcciones y secretarías, se topa con mapas y leyes contrapuestos, llega hasta la mismísima Casa de Gobierno, entra y sale de la justicia y, hasta ahora, no encuentra respuesta. Capricho de la vida, a sólo quince kilómetros de Algarrobal, está Ahí Veremos, un pequeño poblado que parece responder, irónicamente, a la pregunta que se hacen algunos: ¿Quién se hace cargo del problema de esta gente? Ahí veremos. Los problemas, de acuerdo a dónde y cuándo ocurren, parecen no tener gobierno. Ni jurisdicción.



TÍTULO
Una hectárea apta para el cultivo en la Pampa Húmeda cuesta
entre 13.000 y 15. 000 dólares.
En el Norte argentino, desmontada, vale
1.300 dólares.
Con bosque nativo,
650 dólares.


Recuadro
Desmontes y desarrollo
El Gobierno de Salta quiere y necesita, según su Secretario de Medio Ambiente, Gustavo López Asencio, “desarrollarse y convertirse en una provincia agrícola ganadera”. Consultado por Rumbos, el funcionario explica: “Nosotros autorizamos proyectos productivos, no desmontes; el desmonte es algo terrible, sí, pero a mediano plazo, en esas tierras se genera riqueza, y el impacto balancea. A la larga, es mejor que no hacer nada… En el caso de Algarrobal, el expediente presentado por la empresa Rumbo Norte dice que en la zona habitan siete familias... Bueno, después, si se sumaron más, no sé. La ley dice que es dueño el que tiene registrada su propiedad; entonces, yo no los puedo reconocer como titulares (a los campesinos). Esta gente debería haber hecho un pedido de posesión veinteañal”.
Según López Asencio, “esta zona ya está bastante degrada por el mal uso de los pobladores. Ellos no tienen la culpa, viven en condiciones de indigencia total y producen un impacto ambiental tremendo; hay que cambiarles el modelo, para que sea sustentable su actividad de vida”.
El secretario se queja de que el Estado nacional no le devuelve a las provincias los 27 millones de pesos que se lleva por las retenciones a las exportaciones de soja. “Con 6 millones de pesos que cobra por día, ¿no podrían solucionar el problema de Algarrobal Viejo? El Gobierno Nacional se puso en contacto hace meses por ese tema; fueron a visitar la zona, pero pasó el tiempo y no se contactaron más. El caso de Algarrobal lo debe solucionar Santiago del Estero, o la Nación”.


Recuadro
El negocio inmobiliario
Respecto del drama de los habitantes de Algarrobal Viejo, Miguel Pellerano, subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, afirma que “la Nación no tiene jurisdicción en el caso. Los bosques son de las provincias. En Algarrobal, la Nación no puede hacer más que sentarse a discutir, seguir el caso y apoyarlos. Nuestra posición al respecto es la que está en la ley de Ordenamiento Territorial, presentada en el Congreso. Y estamos preparando una propuesta para un régimen de incentivos económicos a la protección y al uso sustentable del bosque. Pero, antes, tenemos que ponernos de acuerdo en si va a haber protección del bosque”.
Después de sostener que “Salta no ha sido muy entusiasta con respecto a estas opciones”, Pellerano se despacha sobre los intereses que giran alrededor del desmonte en el norte del país: “Hay un negocio inmobiliario que no es el de la agricultura; es el negocio de desmontar y vender tierras. Ahora, si para venderlas tuviste que echar gente, si para venderlas al tipo que las compra le dijeron que plantar soja lo va a hacer rico en dos años, y se encuentra con que tiene el suelo desertificado y no sirve para nada... bueno, el que hizo el negocio inmobiliario, ya lo hizo. Es cierto que ingresa un dinero importante por la soja que se produce, pero hay que parar con el negocio inmobiliario de tierras que no van a dar plata, porque se va a desertificar todo”.


Recuadro
Soja sin fronteras
Miguel Bonasso es el impulsor de la ley de Bosques Nativos, o de Ordenamiento Territorial, que espera por su sanción en el Senado. Para el diputado, “el problema se agravó con la Constitución del ’94, que le asigna a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Además del negocio de los señores feudales que entregan tierras, se produce la expansión de la frontera que ya ni siquiera es agropecuaria, sino puramente agraria, y no sólo puramente agraria, sino fundamentalmente sojera”.
“Los desmontes –continúa Bonasso, consultado por Rumbos- significan, además, la agresión y la expulsión de pueblo originarios que habitaron y vivieron en relativa armonía con el bosque, con su hábitat. Son expulsados por la policía, o por guardias blancas, fuerzas de seguridad de los nuevos terratenientes, o de los viejos, da igual… Mi proyecto de ley de Bosques Nativos no supone que no se pueden hacer desmontes en ningún lado, sino un ordenamiento territorial; no frena el desarrollo y la producción, sino que los cambia. Las tierras ya desmontadas en el país sobran para producir; hay que desarrollar nuevas tecnologías que permitan reutilizar las tierras que ya están desmontadas”.
-¿Cuál es la posición del gobierno nacional al respecto?
-Es, al menos, contradictoria. En marzo, Néstor Kirchner dijo que el tema de los bosques es prioritario. Un mes antes, introdujo el tratamiento de mi ley en las sesiones extraordinarias. Después, el Senado, con mayoría oficialista, la durmió. Entonces, francamente, o el Presidente no ha movido todos los hilos e impuesto su autoridad para que esto se trate en el Senado, o el Gobierno tiene una posición débil frente a esto, porque también mira mucho las cuentas del superávit fiscal. Si no hay presión social, la ley no va a salir, y la Argentina se convertirá en una gigantesca playa de estacionamiento.


TÍTULO
13.624 hectáreas
conforman el campo El Suncho, cuya propiedad Salta reconoce catastralmente a una empresa, y que ahora serán desmontadas. Hasta hace pocos meses, eran trabajadas por los habitantes de Algarrobal Viejo (Santiago del Estero), que creían que se trataba de tierras fiscales santiagueñas.

600 personas
usufructuaron por tres generaciones ese monte. Ahora están desamparadas.

7 familias
vivían en esa zona, según el expediente de autorización del proyecto presentado por la empresa Rumbo Norte S.A. a la provincia de Salta, que autorizó el desmonte. Lo cierto es que son muchos más los campesinos que habitan allí.

200 animales
desaparecieron o murieron baleados por los custodios de la finca ahora alambrada, según los pobladores de Algarrobal Viejo.


Recuadro de Opinión

“Hay que parar las topadoras y planificar”

En los bosques y selvas es donde se concentra la mayor biodiversidad y de ellos obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicamentos. Además, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre.

Nuestro país se encuentra en una verdadera emergencia forestal. Ya se perdieron el 70% de los bosques nativos originales y por año se desmontan 300.000 hectáreas, 15 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

La mayor parte de los desmontes, que equivalen a 34 hectáreas por hora, o 1 hectárea cada 2 minutos, se produce en el norte del país para la ampliación de la superficie agrícola (para el monocultivo de soja transgénica) y por el avance de la ganadería a gran escala.

La deforestación irracional produce pérdida de biodiversidad, desertificación e inundaciones (Tartagal, Tucumán y Santa Fé, son algunos ejemplos). En este proceso de destrucción, como sucede en Algarrobal Viejo, miles de campesinos e indígenas, tradicionales ocupantes de nuestros bosques, son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias.

Es por eso que necesitamos que se apruebe la Ley de Bosques lo antes posible. Esta norma establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos para planificar de manera participativa el uso sustentable de los mismos, y prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas habitadas.


Lic. Hernán Giardini
Coordinador de la Campaña de Bosques
Greenpeace Argentina